WSJ: El plan de Trump para otorgar al Pentágono una participación en las riquezas petroleras de Venezuela
Caracas. El presidente Donald Trump anunció el viernes por la noche en redes sociales un acuerdo relacionado con el sector petrolero venezolano, una operación que, pese a haber sido negociada por altos funcionarios de Estados Unidos y Venezuela, estaría diseñada para convertir a Washington en un inversionista de una empresa privada y no en una contraparte directa del gobierno venezolano.
De acuerdo con fuentes cercanas a las negociaciones, Estados Unidos contempla adquirir una participación pasiva de 35% en North American Blue Energy Partners (NABEP), empresa vinculada al empresario venezolano Rafael Betancourt. El acuerdo también le otorgaría derechos preferenciales para adquirir hasta 20% de la producción de la compañía a precio de coste.
Según WSJ: La operación sería estructurada, según las mismas fuentes, por la Oficina de Capital Estratégico del Pentágono mediante warrants de bajo valor. Este mecanismo permitiría a Estados Unidos obtener una participación accionaria sin realizar una inversión de capital significativa.
La estructura planteada busca respaldar intereses considerados estratégicos para la seguridad energética estadounidense, aunque ha generado interrogantes sobre la forma en que Washington participaría en el negocio petrolero venezolano.
Betancourt ha desempeñado durante los últimos años un papel relevante como intermediario en operaciones energéticas vinculadas con Venezuela y mantiene relaciones cercanas con altos funcionarios venezolanos. NABEP, por su parte, se habría convertido en una de las principales productoras privadas de crudo del país, solo por detrás de Chevron.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, calificó la operación como un “gran triunfo” y sostuvo que permitiría garantizar el acceso a petróleo de bajo costo en el hemisferio occidental, además de contribuir a reducir los precios de la gasolina en Estados Unidos.
Desde Venezuela, Delcy Rodríguez afirmó que el acuerdo permitiría atraer más de 100.000 millones de dólares en inversiones, además de generar importantes ingresos fiscales y miles de empleos destinados a la recuperación de la industria petrolera.
Dudas entre petroleras e inversionistas
El anuncio, sin embargo, provocó críticas y confusión tanto dentro como fuera de Venezuela. Algunas compañías petroleras estadounidenses interesadas en invertir en el país estarían preocupadas por tener que competir con una empresa privada que contaría con respaldo estadounidense y participación en importantes áreas petroleras venezolanas.
El economista especializado en energía Ed Hirs, de la Universidad de Houston, cuestionó la conveniencia de que Estados Unidos impulse a un competidor dentro del propio sector petrolero estadounidense.
A esto se suma la incertidumbre jurídica. Fuentes vinculadas al sector han expresado preocupación sobre qué ocurriría si un eventual nuevo gobierno venezolano decidiera impugnar los acuerdos alcanzados bajo la actual administración.
El factor constitucional
Uno de los principales puntos de controversia está relacionado con la Constitución venezolana de 1999, que establece que los yacimientos de hidrocarburos pertenecen a la República y establece restricciones sobre su enajenación.
Los críticos del acuerdo sostienen que cualquier negociación sobre los derechos petroleros podría enfrentar cuestionamientos legales si un futuro gobierno considera que las autoridades que actualmente ejercen el poder carecían de legitimidad o facultades suficientes para comprometer los recursos del país.
Por ahora, la Casa Blanca no ha ofrecido mayores detalles sobre el acuerdo. La falta de información oficial mantiene abiertas varias interrogantes sobre su estructura, alcance, duración y las condiciones bajo las cuales Estados Unidos obtendría participación en la industria petrolera venezolana.
El acuerdo podría convertirse así en uno de los movimientos más relevantes de Washington en el sector energético venezolano, pero también en una fuente de incertidumbre para potenciales inversionistas y para el futuro marco legal de la industria petrolera del país.
